El amargo retrato de Covid-19 en América Latina y El Caribe: menos población, más muertes
Amnistía Internacional y el Centro por los Derechos Económicos y Sociales presentaron el informe: Desigual y letal, con el objetivo de analizar las crisis, profundizadas por Covid-19, en América Latina y el Caribe, desde una perspectiva de derechos humanos.
En el informe se señala que con solo el 8.4% de la población mundial, América Latina y El Caribe sufrió 28% (1.6 millones) de muertes globales por Covid-19.
De acuerdo con el análisis, la desigualdad socioeconómica de la región, así como el impacto del Covid-19, son el resultado de acciones discriminatorias e inequitativas, además de omisiones de los gobiernos, que no hicieron los suficiente para proteger a los grupos marginados.
Desigual y Letal ofrece cinco claves para entender, desde una perspectiva de derechos humanos, por qué no han sido suficientes los esfuerzos de los Estados de la región para enfrentar la pandemia:
Clave 1. La desigualdad y las discriminaciones subyacentes
En este punto, el informe señala que 20% del sector más rico en la región concentra la mitad de los ingresos totales de los hogares, mientras que el más pobre sólo 5%.
Además, se resalta que los retos de las mujeres en la inclusión económica y una carga desproporcionada en la tareas de cuidados ocasionan que sus oportunidades se reduzcan.
Los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes tienen menores oportunidades económicas y enfrentan discriminación estructural, por parte de toda la sociedad.
La publicación menciona que las medidas de emergencia que han tomado los gobiernos no han sido suficientes para cumplir con su deber de erradicar la discriminación y promover activamente la igualdad sustantiva en el disfrute de los derechos humanos, en especial los derechos económicos y sociales.
Clave 2. Inequidad en determinantes sociales de la salud
América Latina y El Caribe es la región con mayor prevalencia de obesidad en el mundo, afectando especialmente el derecho a la alimentación de personas en situación de pobreza. Pueblos indígenas y afrodescendientes están también entre las poblaciones con mayor inseguridad alimentaria.
Por otro lado, existen todavía muchos países de la región donde el acceso a agua potable limpia en comunidades rurales es relativamente bajo.
Además, las altas tasas de informalidad laboral en la zona abonan a una mayor precariedad y afectan la seguridad e higiene en el trabajo.
Estos factores, consecuencia de años de inversión y desempeño insuficientes en materia de derechos económicos y sociales en la región, contribuyeron a una mayor mortalidad de Covid-19 e impactos más agudos en materia laboral.
Clave 3. Medidas parciales de protección social
La ausencia de mecanismos de protección social universales, integrales y sostenibles, ha tenido consecuencias negativas en la región.
Aunque los países analizados en la región implementaron 430 medidas de protección social de emergencia, sus efectos para mitigar la pobreza fueron limitados.
Perú fue el único país de la zona que aumentó la cobertura de estos programas en la región, por arriba del promedio global.
De acuerdo con Desigual y letal, esto se explica por la alta vulnerabilidad de los ingresos y la precariedad laboral, ya que más de la mitad de las personas trabajadores no contaba con afiliación a la seguridad y, debido a la fragmentación de las políticas para garantizar el derecho a la salud, 30% de la población no cuenta con acceso a la salud pública por falta de aseguramiento.
Calve 4. Sistemas de salud con bajo financimiento y gasto deficiente
En este punto se señaló que existen problemas estructurales en los sistemas de salud de la región en términos de acceso gratuito y universal, suficiencia de recursos presupuestarios y humanos, y corrupción.
Debido a lo anterior, los sistemas sanitarios de la región no cumplen con los requisitos de accesibilidad, disponibilidad, calidad y pertinencia cultural que establece el derecho a la salud.
Millones de hogares en la región solventan sus gastos de salud con ingresos propios: en promedio, el gasto de bolsillo en los países en América Latina y El Caribe (LAC) representa 35% del gasto total de salud.
A excepción de Argentina, Brasil y Uruguay, la mayoría de los sistemas de salud analizados mostraban en 2019 deficiencias en términos de infraestructura y recursos humanos con respecto a los estándares de la OCDE.
La corrupción también está vinculada con injusticias estructurales que frecuentemente terminan afectando a las personas en mayor situación de vulnerabilidad.
Clave 5. Política fiscal no efectiva para el combate de la desigualdad
Los países de la región se caracterizan por una baja recaudación tributaria como porcentaje del PIB. En promedio, la región solo recauda el 18% del PIB en impuestos, frente al promedio de 33% de la OCDE. Además, la política fiscal tiene poco efecto redistributivo, debido a una estructura tributaria basadas principalmente en impuestos directos.
Las respuestas tributarias a la pandemia muestran que en LAC fueron más recurrentes los apoyos tributarios a empresas que a las personas, en comparación con lo sucedido en los países de la OCDE y de la región Asia-Pacífico (salvo para el caso de las reducciones de IVA).
América Latina hizo un menor uso de medidas tributarias igualitarias para mitigar el impacto de la pandemia sobre los grupos más afectados. Por consiguiente, la respuesta fiscal de la región no estaba encaminada y no ha sido adecuada para mitigar el incremento de la desigualdad en muchos países.
Desigual y letal subraya que la violación de derechos humanos, en particular los derechos económicos y sociales, no es solo un problema de recursos inadecuados; es un problema de decisiones de políticas públicas que favorecen o no a ciertos sectores de la población.
