Muelles del Caribe asegura tener concesión y permisos para muelle en Cozumel
La empresa Muelles del Caribe asegura que cuenta con la “concesión vigente con todos los permisos” necesarios para construir el cuarto muelle en Cozumel, Quintana Roo, una obra impulsada por el gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para la reactivación económica tras la pandemia de COVID-19.
La empresa explica que desde mayo de 2018 es el particular Daniel Fidelio Peraza Marfil, quien cuenta con el título de concesión del área donde se hará la obra, quien a su vez es apoderado legal de la empresa, por lo tanto posee los permisos para avanzar en la construcción de la obra que fue presentada junto con otros 38 proyectos en octubre de 2020.
El 8 de mayo Expansión Política publicó que el título de concesión de la zona federal marítimo terrestre sobre la que se proyecta el muelle, pertenecía al particular Daniel Fidelio Peraza Marfil, al momento de presentar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), lo que contravenía con lo informado ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Fue el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), en su opinión técnica sobre el proyecto de MIA, quien alertó de ello y puso en duda la posesión de parte de la empresa del título de concesión.
Sin embargo, Muelles del Caribe rechaza haber emitido información falsa acerca de la posesión legal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZFMT), pues Peraza Marfil es su representante legal, desde antes del análisis del INECC.
“El licenciado Daniel Fidelio Peraza Marfil es representante legal de MUELLES DEL CARIBE SA DE CV desde el 30 de mayo de 2018 […] La MIA 23QR2020H0047, ingresada en 2020, fue aprobada en diciembre del 2021, [dos años] después de que se le otorgara el título de concesión de la Zona Federal Marítimo Terrestre, No. GZF1040/2018, que fue el 30 de noviembre de 2018”, se lee en un documento dirigido a este medio.
Aun cuando el título concedido a Daniel Fidelio Peraza Marfil señala que el área es exclusivamente para uso de ornato y sin fines de lucro, como consta en el expediente 673/QROO/2018 emitido por la Semarnat, Muelles del Caribe señaló que no se incumple con lo establecido ni está prohibido, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley de Puertos que establece lo siguiente:
‘Para construir y usar embarcaderos, atracaderos, botaderos y demás similares en las vías generales de comunicación por agua, fuera de puertos, terminales y marinas, se requerirá de un permiso de la Secretaría del ramo (en este caso Semar), sin perjuicio de que los interesados obtengan, en su caso, la concesión de la Zona Federal Marítimo Terrestre que otorgue la Secretaría de Desarrollo Social’, sin que represente un requisito el uso de la concesión como ornato, uso general, etcétera”.
La empresa explicó que el amparo concedido a un grupo de quejosos para que se suspenda la obra, no está relacionado con la concesión. “El amparo se otorgó sobre la base de presuntas afectaciones al ‘derecho humano a la ciudad’ y ‘derecho al medio ambiente sano’”, detalló.
El Colectivo Ciudadano Isla Cozumel, con el acompañamiento jurídico del Centro Contra la Discriminación, presentaron el 26 de enero pasado el amparo 62/2022, mismo que fue concedido de manera definitiva, hasta que se resuelva de fondo el caso por Pamela López Swain, juez tercero de distrito en Cancún. La audiencia constitucional, donde se resolverá de fondo el asunto, fue diferida al 31 de mayo.
La empresa señala que el proyecto generará empleos temporales y permanentes, así como una mayor derrama a la población. “Hacemos énfasis en que la isla de Cozumel tiene como vocación el mercado turístico y este proyecto se encuentra en línea con los desarrollos proyectados para Cozumel y Quintana Roo”, afirma.
