Una oleada de normas internacionales amenaza a los paraísos fiscales del Caribe

En enero de 2024 un tribunal de Miami empezará a celebrar un juicio insólito: el de Andrew Fahie, ex dirigente electo de las Islas Vírgenes Británicas (BVI). En 2022 fue detenido en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses afirman que prometió a un informador que trabajaba encubierto para ellas que permitiría el paso por los puertos de su territorio de drogas ilegales destinadas a Estados Unidos, a cambio de una comisión. Fahie, que se encuentra bajo arresto domiciliario en Miami, se ha declarado inocente. El esqueleto de hormigón gris de la casa que había estado construyendo sigue en pie, inacabado, en una colina a las afueras de Road Town, la capital de las BVI.

El olor a gobierno podrido es lo último que necesitan las BVI. Durante cuatro décadas, esta mancha luminosa del Caribe se ha ganado la vida vendiendo a los extranjeros empresas de fachada que existen sobre el papel, sin personal ni oficinas reales. Ese negocio ha financiado en algunos años más de dos tercios del presupuesto del gobierno y ha hecho famoso en el mundo de los negocios a un territorio con apenas 33.000 habitantes. “El sector financiero nos ha servido muy bien”, afirma Natalio Wheatley, que sucedió a Fahie como Primer Ministro.

Pero en los últimos tiempos, los esfuerzos mundiales por controlar a los blanqueadores de dinero y a los evasores fiscales han pesado sobre el sector financiero de BVI; el número total de empresas registradas ha caído más de una quinta parte desde 2011. Al igual que los centros financieros de todo el Caribe, navega hacia mares más agitados.

Casi todos los países del Caribe han intentado, en un momento u otro, crear un sector extraterritorial de algún tipo. Las Bahamas fueron las primeras en hacerlo bien; hoy en día obtienen entre el 10 y el 15% del PIB de los servicios financieros, sobre todo de la banca privada. Pero los lugares que más dependen del trabajo offshore son las Islas Caimán, las BVI y las Bermudas (de hecho, en el Atlántico Norte). Los tres son territorios autónomos de Gran Bretaña, dependientes de ella para la defensa y gran parte de la diplomacia, pero en todos los demás asuntos a cargo de sus propios asuntos. Las BVI son especialmente dependientes. Los servicios financieros y empresariales extraterritoriales representan un tercio del PIB. Dan trabajo a una quinta parte de la población activa.

Los centros extraterritoriales ofrecen un bufé marinero de servicios útiles y legítimos. Pero entre los profanos, sin embargo, es la forma en que las islas caribeñas han sido utilizadas a veces por estafadores y cleptócratas lo que más a menudo aviva el debate. La Tax Justice Network (TJN), una ONG con sede en Gran Bretaña, calcula que los chanchullos en los que están implicados los centros financieros del Caribe y las Bermudas suponen alrededor del 20% de los 472.000 millones de dólares que, en su opinión, los gobiernos de todo el mundo pierden cada año debido a los planes transfronterizos de evasión y minimización de impuestos. Una parte mayor de las pérdidas mundiales procede de negocios realizados para extranjeros en países fríos como el Reino Unido continental, los Países Bajos e Irlanda. Pero para lugares tan pequeños, se trata de una suma enorme.

Un poco de ron

Este botín se ve ahora amenazado por una nueva oleada de normas internacionales. En el Caribe, dos iniciativas en particular ocupan actualmente un lugar destacado. La primera se refiere a la transparencia empresarial. En 2016, Gran Bretaña empezó a publicar, en una base de datos pública, la identidad de todas las personas que poseen una empresa en su territorio continental; fue el primer gran país en hacerlo. Ahora quiere que sus territorios de ultramar sigan su ejemplo a finales de este año. La idea es que permitir a los periodistas y a las ONG consultar registros que actualmente sólo están a disposición de la policía y otras autoridades pertinentes facilitará la detección de abusos y fraudes fiscales. Pero los paraísos fiscales están dando largas al asunto, presumiblemente porque temen que la existencia de un registro público merme sus ventas.

La segunda presión es el acuerdo mundial sobre el impuesto de sociedades alcanzado por unos 130 países en 2021. Durante años, las multinacionales han utilizado lagunas legales para declarar sus beneficios en paraísos fiscales que cobran pocos impuestos o ninguno, en lugar de hacerlo donde realmente se realizan sus ventas. En el futuro, las empresas que hagan esto tendrán que pagar más dondequiera que hagan negocios; al menos, esa es la teoría. Otro objetivo es garantizar que todas acaben pagando al menos un 15% de impuestos sobre sus beneficios, sea cual sea el lugar del mundo donde se registren.

La medida en que los centros caribeños se benefician del “traslado de beneficios” de las empresas que persigue este acuerdo es muy variable. Un impuesto mínimo global podría reducir los incentivos para que las grandes empresas instalen sus tiendas de campaña en lugares rodeados de palmeras, pero probablemente no los eliminará por completo. Las Bahamas y las Bermudas hablan de subir los impuestos a las grandes empresas extranjeras: si las multinacionales se ven obligadas a pagar más, es mejor que intenten embolsarse el dinero. Las Islas Caimán y las BVI aún están decidiendo cómo responder. Hay muchas posibilidades de que Estados Unidos renuncie al acuerdo, lo que limitaría mucho su efecto.

Todo esto ha alejado a la BVI de sus días de gloria. En la década de 1950, la colonia obtenía la mitad de sus ingresos vendiendo sellos a los filatelistas, señala Oliver Bullough en su libro “Butler to the World”. Todo cambió a finales de la década de 1970, cuando empresas norteamericanas empezaron a constituir sociedades en la isla para aprovechar el trato fiscal favorable de que gozaba entonces BVI en virtud de un tratado fiscal entre Gran Bretaña y Estados Unidos. En pocos años, las BVI estaban vendiendo empresas a gente de todas partes. Los hongkoneses se volvieron especialmente entusiastas; proteger sus activos utilizando paraísos fiscales era una forma de protegerse contra los riesgos que planteaba el inminente retorno de su propia isla a China. En la década de 1990, el sector financiero de BVI creció en torno al 50% anual. En su momento de mayor actividad, los anodinos edificios de Road Town prestaban sus direcciones a unas 480.000 empresas que pagaban tasas. Es decir, más de 15 por cada residente.

Desde entonces, el número de nuevas empresas que se crean cada año se ha ralentizado drásticamente, pasando de casi 80.000 en 2007 a unas 20.000 en 2022. El número total de empresas registradas en el territorio ha descendido a un ritmo algo menor (mientras que antes los clientes compraban y desechaban empresas BVI a cierta velocidad, ahora compran menos y las conservan durante más tiempo). Pero, a pesar de todo, esta cifra también va a la baja. Últimamente, el gobierno ha conseguido apuntalar los ingresos que esta industria genera para el territorio, en parte subiendo las tasas. Pero probablemente esto tenga un límite. Es posible que algunos de los clientes de BVI se trasladen a centros de constitución más baratos y mejor protegidos de las presiones extranjeras, como Delaware.

La economía de las Islas Caimán es más vulnerable a los cambios en la regulación que la de sus competidores caribeños, porque su sector financiero es mucho menos diverso. Las Caimán son un gran domicilio para los fondos de cobertura; Bermudas, un centro para las aseguradoras. El trabajo de constitución de sociedades en el que destaca BVI es, en comparación, mucho más fácil de reproducir. En comparación con sus vecinos, el territorio ha hecho un trabajo peor a la hora de adquirir experiencia en otros tipos de servicios financieros y corporativos, que proporcionarían más seguridad a medida que se erosiona su capacidad de ofrecer ventajas fiscales y secreto. Los esfuerzos de diversificación pueden estar plagados de riesgos. Bahamas cortejó a las finanzas de vanguardia, solo para descubrir que acogía a Sam Bankman-Fried, un especulador de criptomonedas, que fue encarcelado el 8 de agosto en Estados Unidos, antes de su juicio por fraude (en enero se declaró inocente).

Un importante informe gubernamental publicado en 2014 reconocía el problema. Señalaba que bvi necesitaba diversificar los tipos de servicios financieros que ofrece, así como reforzar otros pilares de la economía, como el turismo. Pero los avances han sido lentos. A ello no han contribuido en absoluto las catastróficas consecuencias del huracán Irma, que azotó la isla en 2017.

Esa calamidad destruyó o dañó alrededor del 70% de los edificios y retrasó los esfuerzos esenciales para mejorar su infraestructura. Si apartamos la vista de los resplandecientes puertos de Road Town, el territorio parece más desaliñado de lo que sugiere su nivel de ingresos. En su vertedero, encajonado en una plataforma excavada en la escarpada ladera de una montaña, arden los fuegos. Su central eléctrica se avería de vez en cuando. Como en el resto del Caribe, los jóvenes caen en la tentación de formar parte de bandas que envían drogas a Estados Unidos. En las afueras de Road Town hay un coche con tres agujeros de bala en el parabrisas.

Pero la política disfuncional también la ha perjudicado. Incluso antes de la detención de Fahie, el gobernador británico de las BVI había puesto en marcha una comisión para buscar pruebas de corrupción o “falta grave de honradez” en el gobierno; el año pasado concluyó que los políticos habían estado gastando dinero público “sin aplicar ningún criterio objetivo, sin dar ninguna razón y sin temer ninguna represalia”. El gobierno británico se negó a suspender el parlamento del territorio, como aconsejaba la comisión, pero afirma que aún podría hacerlo si los isleños no llevan a cabo las reformas que recomendaba su informe.

Los habitantes insisten en que, tras años de tumultos, el territorio por fin avanza a buen ritmo. En su despacho de Road Town, Lorna Smith, vicepresidenta de un gobierno que tomó posesión este año, afirma que su nuevo Ministerio de Servicios Financieros protegerá el negocio de constitución de sociedades de BVI y fomentará el crecimiento de servicios de valor añadido a su alrededor. Habla con entusiasmo de las oportunidades de las “finanzas azules”, en virtud de las cuales las islas podrían obtener dinero de inversores internacionales protegiendo sus aguas y arrecifes. El año que viene, añade, BVI acogerá una gran conferencia sobre tecnología financiera en un crucero. Wheatley afirma que el turismo se está recuperando de la crisis pandémica. Por primera vez en años, los visitantes pueden llegar a las islas en un vuelo directo desde Miami.

Para aprovechar al máximo estas oportunidades habrá que reducir la burocracia que obstaculiza la actividad de demasiados empresarios locales. También habrá que liberalizar el sistema de inmigración para facilitar que los extranjeros más listos empiecen a llamar al país su hogar (hasta ahora, los isleños no se han mostrado muy dispuestos a ofrecer la admisión y la residencia de larga duración al gran número de extranjeros que puede hacer falta para poner en marcha nuevas industrias). En particular, se requerirán grandes esfuerzos para arreglar las escuelas poco fiables, que durante los años de vacas gordas resultaron fáciles de descuidar. Sin estos sólidos cimientos, las BVI corren el riesgo de quedarse rezagados.